Por lo que toca a las MEFU que se ubican en localidades urbanas y que no cuentan con nivel alguno de escolaridad, el porcentaje en el uso de métodos anticonceptivos fue de 65.6%; para las que cuentan con primaria incompleta y completa la prevalencia anticonceptiva fue de 71.7% y 75%, respectivamente; y entre las que cuentan con estudios a nivel secundaria o más, el porcentaje aumenta a 75.5%.

El método anticonceptivo al que más recurren tanto las mujeres rurales como las urbanas es la oclusión tubaria bilateral (51.5% y 49.7%, respectivamente), seguido por el dispositivo intrauterino (15.3% mujeres rurales y 16.3% urbanas); para las mujeres rurales el tercer lugar lo ocupan las inyecciones (9.1%) y para las mujeres urbanas los condones (10.3%).

La Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos (NIA) se refiere a la proporción de mujeres que, a pesar de su deseo de espaciar o limitar los embarazos, no hacen uso de métodos  anticonceptivos. En este contexto, la NIA a nivel nacional es de 10%; 5.3% para espaciar los embarazos y 4.7% para limitarlos. En las zonas rurales el porcentaje aumenta a 15.9% (8.4% para espaciar y 7.6% para limitar), mientras que en las mujeres urbanas la proporción disminuye a 8.2% (4.3% para espaciar y 3.8% para limitar).

Las mujeres con al menos un hijo nacido vivo  al levantamiento de la encuesta, dijeron haber asistido a 7.8 revisiones médicas en promedio durante su embarazo. En el caso de las mujeres que residen en zonas rurales, el promedio de asistencia fue de 7.1 revisiones y para las mujeres urbanas 8.1.

Las mujeres son atendidas durante el parto por un médico en el 97% de los casos a nivel nacional y en igual proporción (97.1%) se asisten los partos de las mujeres residentes en zonas urbanas. Aunque en las zonas rurales también la mayoría de los alumbramientos son atendidos por un médico (84.3%), en el 11.7% de las ocasiones éstos son atendidos por una partera.

La aportación de las mujeres rurales en sus comunidades y al interior de sus familias ha cobrado cada vez más importancia, a pesar de ello, siguen siendo uno de los grupos con mayores desventajas y rezagos que impiden no sólo su óptimo desarrollo, sino el de sus familias. Es por lo anterior que, como parte de la meta nacional México Incluyente establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno de la República busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población, pero particularmente para los grupos sociales menos favorecidos.

Para lograr reducir los rezagos en materia de salud, educación y oportunidades de empleo de las mujeres rurales, será necesario fortalecer e implementar planes nacionales que favorezcan su desarrollo, a este respecto, la Secretaría General del CONAPO colabora con insumos sociodemográficos sobre los cuales se sienten las bases de los programas sociales con el objetivo de dirigir los esfuerzos a la población más necesitada.

[4] Mujeres que reportaron haber tenido al menos un hijo nacido vivo en los cinco años previos al levantamiento de la encuesta.